A principio de junio se publicaron dos reformas a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) con el objetivo de frenar la pérdida de biodiversidad en México. Al aprobar estas reformas, los legisladores no parecen haber tomado en cuenta sus impactos económicos sobre los pequeños productores, ni los recursos necesarios para vigilar su cumplimiento. Sigue leyendo