El 9 de febrero de 2012 entró en vigor la reforma al artículo 4° constitucional para introducir el derecho humano al agua y al saneamiento en nuestro país, haciéndose eco de las exigencias internacionales. Si bien será una referencia para otros países, especialmente de nuestro entorno latinoamericano, las implicaciones para los tres niveles de gobierno no parecen haberse tomado en cuenta, especialmente las presupuestarias. Sigue leyendo →