El viernes 3 de agosto de 2012 la Cofemer emitió el dictamen total no final del anteproyecto de Acuerdo por el que se determinan los centros de origen y los centros de diversidad genética del maíz.

Si bien la Cofemer solicita a la Sagarpa que “identifique y evalúe todos los efectos de la regulación propuesta» para garantizar que sus beneficios sean superiores a sus costos, el dictamen se enfoca en los posibles costos del Acuerdo en términos productivos y comerciales, sin profundizar en el debate sobre sus impactos ambientales (ni en las repercusiones económicas y sociales a ellos asociadas), que representan la principal preocupación expresada en las decenas de comentarios enviados a la Cofemer por asociaciones civiles y ciudadanos en las últimas semanas.

Entre otras cosas, la Cofemer argumenta que “el uso de la biotecnología pudiera permitir el desarrollo de algunas zonas del campo mexicano” por la mayor resistencia a sequías y a plagas de algunos maíces genéticamente modificados, y subraya la importancia de determinar “el nivel de riesgo real que enfrenta cada región y situación geográfica, lo cual llevaría a la identificación de las características del [maíz] GM y sus posibles usos, así como a la valoración de las externalidades que el maíz transgénico puede generar sobre el maíz nativo.”