
Se publica Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. De acuerdo con esta reforma la Federación y las entidades federativas se servirán de instrumentos económicos también para promover una mayor equidad social, con perspectiva intercultural y de género, en la distribución de costos y beneficios asociados a los objetivos de la política ambiental.