Entre las iniciativas presentadas en enero de 2014 a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un diputado del grupo parlamentario Partido Nueva Alianza presentó el 14 de enero una iniciativa de proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Motivado por la recategorización del área del Nevado de Toluca que modificó su régimen de protección jurídica de parque nacional por uno con carácter de área de protección de flora y fauna (publicada en el Diario Oficial de la Federación el  1º de octubre de 2013), el Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo promovió una reforma para introducir restricciones a ese tipo de cambios: mediante tal reforma, la LGEEPA u otra «ley especial» en materia de áreas naturales protegidas regularía la modificación de las áreas de competencia de la federación. En efecto, la iniciativa dota a la Cámara de diputados con la facultad para evaluar y determinar la modificación, en los supuestos previstos por la ley especial en la materia, de las áreas naturales protegidas competencia federal, que hayan sido previamente establecidas mediante declaratoria expedida por el titular del Ejecutivo federal. Por otro lado, la LGEEPA sería reformada en su artículo 62 previendo que establecida un ANP, ésta sólo podrá ser modificada en su extensión y en los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por la Cámara de Diputados y siguiendo las mismas formalidades de fundamentación, estudio, participación y publicidad previstas en la propia LGEEPA para la expedición de declaratoria de ANP. El caso del Nevado de Toluca parece, de esta forma, suscitar en los legisladores las preocupaciones que los primeros días de octubre pasado expresaron algunos especialistas en la prensa escrita. La propuesta parece razonable pero da lugar a otras preocupaciones sobre el cumplimiento, por parte de los actores sociales -pobladores o simplemente quienes desarrollan actividades económicas, especialmente agropecuarias y forestales en los territorios de las ANP’s- de las restricciones que imponen las declaratorias. Si esas restricciones son raramente respetadas y si la realidad de lo que sucede al interior de los perímetros de las ANPs cambia constantemente ¿de qué podría servir que  la modificación de los perímetros y de las recategorizaciones sean tan rígidas? Tal vez sería útil de acompañar estas modificaciones de otras tendientes a asegurar el respecto de las restricciones que suponen las calificaciones jurídicas sobre los territorios cuando se establecen las ANP’s.

Gaceta Parlamentaria, 15 de enero, 2014

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Acerca de Vicente Ugalde

Vicente es profesor-Investigador adscrito al Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Se interesa en la aplicación del derecho ambiental y en el procesamiento jurisdiccional de las cuestiones ambientales.

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Iniciativas