El pasado 7 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, documento concebido por la ley como un instrumento de política ambiental que tiene por objeto inducir el uso del suelo y las actividades productivas, para que, considerando las tendencias de deterioro y las potencialidades del aprovechamiento de los recursos naturales, contribuyan a su preservación y la protección del ambiente.

Este programa es uno de los cuatro tipos de instrumentos de ordenamiento ecológico a que se refiere la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), junto con los regionales, locales, y marinos.

El documento condensa una importante labor de diagnóstico sobre el estado ambiental del territorio nacional. En este sentido, se trata de un considerable esfuerzo de las autoridades que sintetiza una gran cantidad de información técnica y científica; sin embargo, luego que se echa un vistazo al contenido de este documento, aparecen algunos cuestionamientos en cuanto a su capacidad para movilizar a los actores que inciden en la disposición de actividades económicas y de las poblaciones sobre el territorio, a pesar de que, como lo establece el reglamento en la materia, se trata de un programa de observancia obligatoria en el territorio nacional y que, por otra parte, vincula las acciones y programas de la administración pública.

A partir de un ejercicio que dividió el territorio nacional en 145 unidades ambientales biofísicas (UAB), el Programa define 80 regiones ecológicas en las que se despliega el paquete de estrategias “ecológicas” previstas para el logro de los objetivos ambientales que se propone.

Entre las estrategias, el Programa distingue las dirigidas a lograr la «Sustentabilidad ambiental del territorio» (a. Preservación; b. Aprovechamiento sustentable; c. Protección de los recursos naturales; d. Restauración; e. Aprovechamiento sustentable de recursos naturales no renovables y actividades económicas de producción y servicios); por el otro, las dirigidas al «Mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana» (a. Suelo urbano y vivienda. b. Zonas de riesgo y prevención de contingencias; c. Agua y saneamiento; d. Infraestructura y equipamiento urbano y regional; e. Desarrollo social); y finalmente, contempla un conjunto de estrategias destinadas al «Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional» (a. Marco jurídico; y b. Planeación del ordenamiento territorial). Un cuadro correspondiente a cada región contiene datos básicos como la población; la localización y la superficie y describe el estado del medio ambiente en cada territorio en 2008 para después enlistar las estrategias que corresponde aplicar a cada UAB.

Esa enumeración plantea, entre otras, dos preguntas. La primera respecto a si habiendo tantas repeticiones (el mismo paquete de estrategias se aplica a todas o casi todas las regiones) no hubiera sido mas eficiente y claro plantear aparte aquellas estrategias comunes y dejar para una presentación más detallada sólo las estrategias específicas.

Por otro lado, no respecto a cómo esta organizado el Programa sino respecto a su viabilidad jurídica y política, cabe preguntarse qué piensa hacer piensa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que los distintos niveles de gobierno y las distintas dependencias observen y cumplan las previsiones inscritas en este documento respecto a, por ejemplo “Mejorar el ingreso promedio de los hogares rurales con menores percepciones económicas en términos reales”, o bien, “promover la producción agrícola orientada a bioenergéticos», o “promover que la creación o expansión de desarrollo habitacionales se autoricen en sitios con aptitud para ello e incluyan criterios ambientales que aseguren la disponibilidad y aprovechamiento optimo de los recursos naturales”. Desde luego que el uso de expresiones como “promover” desdibuja el rigor del que es vehículo la idea de que el Programa es “de observancia obligatoria”, pues solo pone, por ejemplo, a los municipios en la situación de “promover” esta o aquella medida. En todo caso, queda la pregunta sobre de qué medio jurídico puede valerse la Secretaría para hacer observar esas prescripciones, en ese caso a los municipios.

El alivio sobre la obligatoriedad, que significa que sólo se trata de obligaciones consistente en “promover”, empuja sin embargo el Programa hacia una amenazante situación en la que sus consecuencias pueden tan sólo limitarse a constituirse en categoría de referencia, pero sin ningún sentido de vinculación jurídica respecto a los actores que con sus acciones inciden en la localización de actividades económicas y de poblaciones sobre el territorio, y entonces conminarlo a devenir rápidamente letra muerta. No sabemos aún de qué forma los programas de desarrollo urbano dejarán de ser el instrumento privilegiado (por no decir único) por el que los Ayuntamientos organizan su gestión del territorio, para transitar a mecanismos de gestión territorial que integren el ordenamiento ecológico; en otras palabras, es difícil imaginar que en el corto plazo toda la estructura reglamentaria de los estados y municipios será modificada para vincular el otorgamiento de permisos de construcción o de autorizaciones de uso del suelo a los instrumentos de ordenamiento ecológico del territorio.

Otros varios cuestionamientos se elevan con la lectura del Programa; por ejemplo, no es evidente identificar como se integra el principio de política según el cual se debe garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, lo que se antoja relevante dada la cantidad de comunidades que han construido sus formas de vida en modos particulares de relacionarse con la naturaleza para la disposición de los recursos naturales.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Acerca de Vicente Ugalde

Vicente es profesor-Investigador adscrito al Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Se interesa en la aplicación del derecho ambiental y en el procesamiento jurisdiccional de las cuestiones ambientales.

Categoría

Agenda verde, Análisis

Etiquetas