El 20 de noviembre pasado se publicó el Decreto por el que reformó el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, publicado en abril de 1993. Este reglamento es un caso en el que se cristaliza la necesaria transversalidad que exige la preocupación por el medio ambiente, pero también la de mantener en un nivel aceptable los riesgos asociados al uso de ciertas sustancias, ciertamente peligrosas, pero necesarias en numerosas actividades industriales. No es fácil articular en un instrumento reglamentario esos diferentes intereses: cuidar el medio ambiente, mitigar los riesgos para las poblaciones y, por otro lado, generar riqueza económica comercializando y transportando ese tipo de sustancias. Es tal vez por ello que esta regulación llegó tarde a nuestro orden jurídico y tal vez ello explique que durante mucho años no se le hayan dado los necesarios ajustes.

Fue en el marco del llamado Convenio de la Paz (firmado por Estados Unidos y México en 1983, y por el que, a través de acuerdos suplementarios, se establecieron compromisos de cooperación ambiental en la zona fronteriza), que se celebró un acuerdo sobre los movimientos transfronterizos en 1986. En ese acuerdo se establecieron algunas definiciones y procedimientos para el transporte de materiales y de residuos peligrosos, un tema ausente en la legislación mexicana. Luego, en 1988, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) previó que el transporte de residuos peligrosos requería autorización federal en materia ambiental. Para 1992, el Programa Integral Ambiental Fronterizo 1992-1994 incluyó el monitoreo de movimientos de residuos peligrosos. Finalmente, en abril de 1993 se publicó el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, que consignó obligaciones de informar y notificar sobre los residuos y materiales peligrosos transportados, así como sobre las condiciones de embalaje y requerimientos de las unidades de transporte. Derivado de la LGEEPA, este reglamento se refiere a actividades asociadas al sector económico de los transportes por lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) quién queda a cargo de su aplicación. En noviembre de 2006 un reforma incorporó al reglamento un detallado tabulador de multas, pero fuera de ello se atendió poco el robusto dinamismo de sector que regula: las tecnologías de embalaje y transporte no han dejado de innovarse pero, sobre todo, la incorporación de nuevas sustancias y la generación de nuevos residuos peligroso no han cesado en estos años. Fue a través de Normas Oficiales Mexicanas que el gobierno trató de ir cerniendo la regulación de un ámbito tan dinámico como complejo.

Con las reformas recientes que afectan a más de la mitad de su articulado (54 de 134 artículos son afectados por este Decreto), se incorpora la regulación de aspectos y modalidades de transportación ausentes hasta ahora. Se amplia la regulación, hasta ahora discreta, del transporte por parte de empresas ferroviarias (especialmente en atención a la ley reglamentaria del servicio ferroviario); se profundiza igualmente en la regulación de las emergencias asociadas a sustancias y residuos peligrosos, especialmente detallando aspectos del llamado Sistema Nacional de Emergencias en Transportación de Materiales y Residuos Peligrosos; se modifica y amplía el glosario, con lo que se incorporan importantes precisiones necesarias para la aplicación del reglamento; y en fin, se incorporan numerosas precisiones para aspectos como los envases y embalajes, y que tienen como propósito introducir algunas orientaciones a esta actividad económica con miras a reducir el riesgo asociado a emergencias.

El universo de sujetos regulados por este reglamento es amplio y concierne un sector que opera incesantemente. La SCT registraba a mediados de 2012 más de 5 200 personas (morales y físicas) autorizadas para transportar materiales y residuos peligrosos. No se trata en todos los casos de empresas de transporte, sino de profesionales en servicios logísticos en general, así como de constructoras u otras industrias que emplean este tipo de insumos o generan productos con esas características. En todo caso, queda a esa Secretaría introducir, a través de los mecanismos concretos por los que ejerce el control sobre los prestadores de ese servicio, estas nuevas restricciones, y actualizar a la brevedad posible los detalles correspondientes en el Registro Federal de Trámites y Servicios.

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Acerca de Vicente Ugalde

Vicente es profesor-Investigador adscrito al Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Se interesa en la aplicación del derecho ambiental y en el procesamiento jurisdiccional de las cuestiones ambientales.

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Agenda gris, Análisis

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