El Presidente de la República dio a conocer el pasado 11 de febrero su política de vivienda. Se trata, según lo anunciado, de un “nuevo modelo” enfocado a promover el “desarrollo ordenado y sustentable del sector” a través tanto del mejoramiento de la vivienda como de la regularización jurídica de su propiedad.

Este modelo de política de vivienda contempla cuatro estrategias que, al ser ya lugar común en la retórica de agencias internacionales y nacionales, hacen pensar (o más bien aspirar a) que su novedad radique en que esta vez sí serán traducidas en acciones concretas capaces de dar resultados.

La primera estrategia se refiere a la coordinación interinstitucional, que encabezará la recientemente creada Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como la (otra más!) comisión intersecretarial del sector. La coordinación que se prevé involucra no solamente a otras entidades de la administración pública federal que estarían involucradas con ese tema, sino que contempla una acción coordinada con el Infonavit, con los gobiernos estatales y sobre todo con los municipios, quienes en última instancia están a cargo de la ordenación del desarrollo urbano y del control del uso del suelo mediante el otorgamiento de autorizaciones y permisos. La tarea se revela, de entrada, titánica: coordinar que más de 2 440 ayuntamientos transiten de una práctica de la gestión del territorio animada por el propósito de la especulación y la ganancia hacia una gestión que ponga en el centro la sustentabilidad en su aspecto ambiental (justicia intergeneracional) y social (equidad social), sería, en efecto, una verdadera revolución en el arte de gobernar.

La segunda estrategia adelanta uno de los mecanismos que utilizaría el gobierno para avanzar en la dirección de adoptar ese “nuevo modelo” de desarrollo urbano sustentable e inteligente: este mecanismo consistiría en condicionar de alguna forma el otorgamiento de créditos y de subsidios federales de forma tal que se conviertan en instrumentos de fomento a ese crecimiento urbano ordenado. Surge en efecto la pregunta de cómo volver operacional dicha estrategia: ¿estructurando ese tipo de transferencias en programas sujetos a reglas de operación que incluyan requisitos como programas de desarrollo urbano sustentables, o que lleven como anexo estudios de impacto ambiental? La lógica de otorgamiento compulsivo de créditos hipotecarios ha sido, desde la llegada de Vicente Fox, insensible a cualquier consideración urbanística, territorial y ambiental. Imprimir una mínima consideración de lo ambiental a una política crediticia tan dinámica como ha sido esa que se hacía llamar “política de vivienda” en los últimos doce años se antoja igualmente difícil: una segunda revolución a los usos instaurados por los gobiernos de la alternancia.

La tercera estrategia plantea «reducir el rezago de vivienda» y para ello se propone rebasar la cifra de un millón de acciones –no de viviendas construidas sino de acciones que van de la construcción hasta la ampliación y mejora de viviendas. Sería en este caso una desaceleración de un sector que ciertamente dinamiza la economía, pero que genera numerosos efectos perversos en materia de servicios públicos urbanos. La expansión inmoderada de las urbes encarece el suministro de esos servicios y dificulta ejercer funciones estatales como la seguridad pública. La acción gubernamental para abatir el rezago en materia de vivienda puede abarcar otros aspectos que ése de la inmoderada construcción de microviviendas.

La cuarta estrategia se refiere a un aspecto totalmente olvidado por la infatigable carrera hacia el engordamiento de cifras en la comunicación política del sector: la calidad de las viviendas. Bajo el eslogan de “Vivienda digna para los mexicanos”, el gobierno se plantea que más de 320 mil de las acciones planeadas sean de mejoramiento de la vivienda, y además prevé que cerca de un tercio de ellas se concentren en áreas rurales. Enfocarse en la calidad de la vivienda parece una consecuencia lógica de años en los que la política se concentró en satisfacer la obsesiva pretensión de aumentar el número de construcciones y de créditos otorgados. Menos imposible que las anteriores, no se trata sin embargo de una estrategia fácil.

Será interesante ver en qué modificaciones legislativas y reglamentarias se traducen estas cuatro estrategias. Va a ser difícil integrar eficientemente estas grandes orientaciones sin algunos cambios legislativos. Más que apresurarse a modificar algunas leyes en el Congreso de la Unión, será necesario revisar y eventualmente adecuar algunas legislaciones estatales. Para incorporar en este espíritu de cambio a las legislaturas estatales, habrán que desplegarse algunas estrategias en el plano político que escapan a la lógica del funcionamiento del derecho. Tal vez pueda haber cambios sin esas reformas legales –el encuadramiento de los subsidios y los créditos en reglas de operación rigurosas podrá ayudar a orientar el flujo de esas transferencias–, sin embargo sólo con un marco legal coherente y claro del desarrollo urbano será posible imprimir racionalidad y respeto del medio ambiente al despliegue de la política de vivienda. Los efectos perversos en el medio ambiente y en el ordenamiento territorial de años de acciones irreflexivas en materia de vivienda necesitan mucho más que estas cuatro estrategias para corregirse un poco, pero ciertamente son una buena noticia.

¡Únete a la conversación! 1 comentario

  1. Felicidades por la nota, cuyos planteamientos comparto plenamente. La voy a retwittear y aprovecho para compartirles mi Blog que inicié hace unas semanas sobre asuntos de interés común, creo…

    http://localglobalideas.blogspot.mx

    Son reflexiones sobre mi quehacer como urbanista y funcionario público, que me permiten desentenderme del hecho de ser juez y parte… Vicente entenderá por qué.

    Juan Carlos Zentella
    twitter: @jczentella

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Acerca de Vicente Ugalde

Vicente es profesor-Investigador adscrito al Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Se interesa en la aplicación del derecho ambiental y en el procesamiento jurisdiccional de las cuestiones ambientales.

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Análisis

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