En los últimos años tribunales de diversos países europeos han condenado a empresas a indemnizar millones de euros por su responsabilidad asociada a la fabricación y uso del asbesto.

En uno de esos casos, 71 trabajadores demandaron por vía penal a la Unión Naval de Levante en Valencia, España, luego de lo cual en 2009 la empresa aceptó no haber respetado las medidas de seguridad, reconociendo además su responsabilidad en las muertes y lesiones de empleados expuestos a ese contaminante en la construcción y reparación de buques. La empresa indemnizó a las víctimas pagando cerca de 11 millones de euros.

En Turín, Italia, en 2012 un tribunal condenó a la empresa Eternit por su responsabilidad en el daño asociado a la fabricación de fibrocemento en varias de sus instalaciones. Varios ex ejecutivos de la firma fueron condenados a penas de prisión.

En 2010, un tribunal de Madrid condenó a la empresa Uralita a indemnizar con 3.9 millones de euros a 45 a vecinos de dos localidades cercanas a Barcelona por su responsabilidad en las enfermedades respiratorias asociadas a las fibras de asbesto diseminadas por el proceso de fabricación de fibrocemento en la fábrica de Cerdanyola. Se trataba en este caso de establecer una responsabilidad por daños no sólo a quienes estaban relacionados laboralmente con la empresa, sino también a personas que habitaron en las inmediaciones de la fábrica y cuyas lesiones fueron, en ciertos casos, mortales.

Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Agencia de Protección Ambiental americana han reconocido que el asbesto es carcinógeno para los humanos, y de hecho tanto su comercialización como su uso han sido prohibidos en numerosos países: en España desde 2001, en Francia desde 1997, y en Suiza desde 1990, para mencionar algunos casos.

Éste no es el caso de México. Una reforma la Ley de Salud del Distrito Federal publicada el 25 de mayo de 2011 introdujo dos breves referencias a este material, sin embargo se trata de medidas tímidas. Se introdujeron dos obligaciones para el gobierno local cuyos efectos concretos podrían ser remotos: por un lado, se establece la obligación del gobierno de poner en marcha “acciones de prevención de enfermedades generadas por la exposición al asbesto, con especial atención en las zonas y poblaciones cercanas de los establecimientos donde se procese con fibras de asbesto […]” y, por otro lado, de “proporcionar atención y, en su caso, la referencia oportuna a la institución especializada, a las personas que presenten efectos dañinos en su salud por la exposición al asbesto”.

El tamaño del problema hace pensar que la respuesta gubernamental en México a este grave asunto es sospechosamente silenciosa y en consecuencia inaceptable.

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  1. La verdad que todavía queda mucho que trabajar para poder detectar a tiempo y evitar este terrible enfermedad a día de hoy…

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Acerca de Vicente Ugalde

Vicente es profesor-Investigador adscrito al Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Se interesa en la aplicación del derecho ambiental y en el procesamiento jurisdiccional de las cuestiones ambientales.

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Agenda gris, Análisis

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